El fiscal Gerardo Pollicita citó a declarar a dos exfuncionarios de la ANSES en el marco de una investigación sobre el pago de un adicional en la jubilación de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.
La causa busca esclarecer cómo se habilitó un plus por “zona austral” en los haberes que percibía la exvicepresidenta, a pesar de que su residencia principal se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese adicional, estimado en unos 6 millones de pesos mensuales, está destinado a personas que viven en regiones del sur del país, como Santa Cruz.
Los citados son Cristian Villani, actual director de Gestión Administrativa y Técnica del organismo, y María Alejandra Bergamaschi, quien estuvo al frente de la Dirección General de Normas y Procesos. Ambos habrían intervenido en la tramitación de ese beneficio.
La investigación apunta a determinar qué funcionarios participaron en la asignación y control del cobro de jubilaciones especiales, incluyendo las que corresponden a expresidentes y exvicepresidentes. En este contexto, ya se tomaron declaraciones a otros trabajadores del organismo, pero sin resultados concluyentes.
En este expediente, Cristina Fernández fue denunciada por la propia ANSES por presunta administración fraudulenta y falsedad ideológica. En su defensa, sostuvo que tiene domicilio en Río Gallegos, donde vota habitualmente, y que por ello el adicional se encuentra justificado.
En diciembre pasado, el Poder Ejecutivo resolvió suspender tanto la jubilación especial como la pensión que percibía por su vínculo con el expresidente Néstor Kirchner. Según fuentes oficiales, el monto total mensual superaba los 21 millones de pesos netos.
La decisión se basó en que estos beneficios no tienen carácter contributivo, sino que se otorgan en reconocimiento al desempeño del cargo. Frente a esta medida, la defensa de la exmandataria presentó un recurso legal alegando que la decisión fue irregular y afectó derechos adquiridos.
