El Gobierno nacional presentará este martes 22 de julio un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, con el objetivo de mantener vigente la suspensión de la entrega de acciones de YPF, dispuesta por la jueza Loretta Preska.
La intención es que la pausa en la ejecución del fallo —que obliga al país a pagar unos 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera— se prolongue durante todo el proceso de apelación de fondo, y no solo hasta que concluyan las presentaciones actuales de las partes.
Este nuevo paso judicial se da en un contexto más favorable para la Argentina, luego de que el propio gobierno de Estados Unidos respaldara su postura mediante un amicus curiae, y de que los beneficiarios del fallo afirmaran que no buscan quedarse con las acciones de la compañía, aunque sí exigen una garantía económica para que avance la apelación.
En caso de que la Corte de Apelaciones no dé lugar al pedido argentino, se reactivaría la orden original de Preska, lo que obligaría al país a cumplir con la entrega de las acciones para evitar posibles sanciones por desacato.
Si bien el desacato no suele aplicarse a Estados soberanos, su declaración podría acarrear multas o complicaciones en la relación del país con los mercados financieros y organismos internacionales de crédito, afectando su imagen y capacidad de financiamiento externo.
