La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó este miércoles nuevos avances en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia federal, con foco en el análisis de su patrimonio y distintos movimientos financieros vinculados a propiedades.
Uno de los puntos centrales del expediente es una inversión de 14 millones de pesos destinada a la renovación de muebles en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde el funcionario vive junto a su familia. El dato surgió a partir de nuevas declaraciones incorporadas a la causa y de averiguaciones sobre trabajos de refacción en distintas propiedades.
El expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes continúan tomando testimonios en el marco de la investigación. En este contexto, declaró Leandro Miano, hijo de una de las personas acreedoras del jefe de Gabinete, quien ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares vinculada a fondos utilizados para la modernización del inmueble. Según lo expuesto en su declaración, la operación habría sido gestionada junto a su socio Feijoo.
La investigación también incorpora el rol del contratista Matías Tabar, quien declaró haber participado en trabajos de refacción y carpintería en la propiedad. Según su testimonio, los pagos se habrían realizado en efectivo y sin factura, por un monto total de 14 millones de pesos, en trabajos solicitados para el mismo entorno familiar.
Los 14 millones en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio Adorni habría destinado en los últimos dos años y medio a distintas propiedades, de acuerdo con los registros incorporados al expediente judicial. Este volumen de gastos es uno de los puntos que analiza la investigación para determinar el origen y la justificación de los fondos utilizados.
En paralelo, la causa sigue evaluando si existen elementos suficientes para respaldar cada una de las erogaciones declaradas o detectadas, mientras Adorni y su esposa aún no presentaron sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, cuyo plazo de presentación se encuentra vigente.
Como parte de las últimas medidas, el juez Ariel Lijo ordenó además el levantamiento del secreto fiscal del funcionario y su esposa, lo que permitirá acceder a información tributaria clave para el avance de la investigación.
