La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta, conocido como “Ley Hojarasca”, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, y ahora pasará al Senado para su tratamiento.
El texto contempla la eliminación de 58 leyes, la modificación de artículos en otras 8 normas y la derogación de 2 decretos, todos considerados obsoletos, anacrónicos o sin aplicación según el oficialismo.
Además, agrupa la normativa a eliminar en seis ejes: leyes superadas por normativas posteriores, normas afectadas por el paso del tiempo o el avance tecnológico, disposiciones que afectan libertades individuales, regulaciones que generan burocracia innecesaria, leyes vinculadas a organismos ya disueltos y fondos públicos asignados a entidades sin actividad real
Entre las leyes alcanzadas figuran la ley de azotes (siglo XIX), la ley de microfilmación, la ley de mochileros y regulaciones sobre laboratorios públicos que, según el oficialismo, no habrían generado nuevos establecimientos ni asignaciones efectivas.
Durante el debate en comisiones, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, sostuvo que el objetivo es “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la actualización del marco legal.
El proyecto incorporó modificaciones respecto de su versión inicial enviada por el Poder Ejecutivo. A pedido de distintos sectores, se excluyó la Ley 11.380 (vinculada a créditos del Banco Nación a cooperativas), se preservó la Ley 20.959 (credencial de libre circulación para legisladores) y se mantuvo el financiamiento del Círculo de Legisladores de la Nación.
El proyecto había sido presentado originalmente en 2024, pero perdió estado parlamentario sin ser tratado en el recinto.
El Ejecutivo volvió a enviarlo al Congreso el 26 de marzo de 2026. Tras dictamen en comisiones el 21 de abril, su tratamiento en el recinto fue postergado en distintas ocasiones por falta de quórum y controversias políticas internas.
Finalmente, tras varias demoras, la Cámara logró aprobarlo en esta instancia, dejando el proyecto ahora en manos del Senado para su definición final.
