El Gobierno de Jujuy continúa sosteniendo la Tarifa Social Eléctrica para usuarios residenciales, una política pública que se mantiene vigente desde hace casi diez años y que beneficia actualmente a 68.235 hogares de toda la provincia.
Mientras el Estado Nacional y gran parte de las provincias dejaron de aplicar este tipo de asistencia, Jujuy mantiene el régimen con fondos propios para garantizar el acceso al servicio eléctrico a los sectores más vulnerables.
El beneficio, regulado por el Decreto N.º 8675-ISPTyV/2019, el Decreto N.º 501-ISPTyV/2020, la Resolución SUSEPU N.º 046/2019 y sus normas complementarias, subsidia el 100% del Cargo Fijo correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD), un componente de la factura cuya regulación depende de la Provincia. Esto representa un alivio directo en el costo del servicio para miles de familias jujeñas.
Los usuarios incluidos en la Tarifa Social fueron incorporados al padrón elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU), de acuerdo con los criterios establecidos por el Gobierno provincial. Además, el acceso al beneficio continúa abierto para todos aquellos usuarios residenciales que reúnan las condiciones previstas.
Cómo se distribuye la Tarifa Social en Jujuy
En promedio, cada uno de estos hogares registra un consumo mensual de aproximadamente 185 kWh. De acuerdo con los datos oficiales, los 68.235 suministros residenciales beneficiados se distribuyen de la siguiente manera:
- Gran Jujuy (San Salvador de Jujuy, Palpalá y departamento General Belgrano): 29.835 servicios.
- Valles y Yungas (Perico, San Pedro y Ledesma): 28.044 servicios.
- Quebrada y Puna (Tilcara, Humahuaca y La Quiaca): 10.356 servicios.
Más de $5.100 millones para sostener el beneficio
Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno de Jujuy destinó un promedio cercano a 430 millones de pesos por mes para financiar la Tarifa Social Provincial.
De mantenerse ese ritmo de inversión, el aporte anual superará los 5.100 millones de pesos al finalizar 2026.
Según informaron desde el Ejecutivo, esta política pública se financia a través del denominado «Subsidio Cauchari», integrado con recursos provenientes de la producción de energía limpia del Parque Solar Cauchari. De esta manera, parte de los ingresos generados por el complejo solar se destinan a garantizar el acceso equitativo a un servicio esencial y a sostener el beneficio para miles de familias de toda la provincia.
