La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado oficial para aclarar las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino habían sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación. La entidad también negó que se les hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
El pronunciamiento llegó luego de que distintos medios difundieran información vinculada a un documento emitido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, lo que generó una fuerte repercusión.
En el comunicado, la entidad sostuvo que el documento mencionado no constituye una citación dirigida a Claudio Tapia ni a Pablo Toviggino.
Según detalló, la orden judicial está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
Por ese motivo, la Asociación aseguró que es falso afirmar que Tapia o Toviggino hayan sido convocados a declarar por la Justicia estadounidense.
La AFA rechazó además las versiones que indicaban que el FBI o la Justicia de Estados Unidos habían incautado teléfonos celulares u otros dispositivos pertenecientes a sus autoridades.
En ese sentido, afirmó que el documento judicial no dispone ninguna medida personal contra Tapia ni contra Toviggino, no ordena su comparecencia y tampoco registra diligencias de secuestro de bienes o equipos electrónicos.
CRÍTICAS A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
La entidad consideró que la circulación de información inexacta o tergiversada genera desinformación y perjudica la imagen tanto de las personas involucradas como de la institución.
Además, instó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información que no esté respaldada por ellos.
Por último, la AFA informó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere necesarias frente a la difusión de noticias falsas o engañosas que puedan afectar a la institución o a sus autoridades.
