El exjefe de Gabinete Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de una investigación judicial por su situación patrimonial. Su defensa presentó un pedido de prórroga ante el juez federal Ariel Lijo para contar con más tiempo antes de responder las preguntas formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo original para presentar las explicaciones vence este miércoles 26 de agosto. La solicitud busca extenderlo por otros 15 días y, además, acceder a documentación que la Fiscalía incorporó recientemente a la causa. Ahora será el juzgado el que deberá definir si acepta el pedido.
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Qué debe explicar Adorni
El requerimiento fiscal contiene 20 preguntas vinculadas con la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La investigación puso bajo la lupa ingresos, gastos, adquisiciones y movimientos de dinero que, según el fiscal, todavía no encuentran una explicación suficiente.
Uno de los principales puntos está relacionado con una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Allí se realizaron obras por las que el contratista Matías Tabar declaró haber recibido US$245.000. La Fiscalía busca determinar el origen de esos fondos y conocer cómo fueron realizados y respaldados los pagos.
También aparecen en la investigación la compra de un terreno, la adquisición de un vehículo, operaciones con familiares, gastos en efectivo, viajes y educación, además de movimientos vinculados con criptomonedas. La Justicia también pidió precisiones sobre otra propiedad ubicada en la calle Miró 550 y sobre determinados pagos y adquisiciones realizados durante el período analizado.
Una diferencia que quedó bajo la lupa
Uno de los datos centrales de la investigación es el desfasaje detectado entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. Según el análisis fiscal, durante el período investigado Adorni y su esposa registraron ingresos por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272,8 millones, generando una diferencia superior a $43 millones.
A esto se suman US$402.578 en gastos o movimientos cuyo origen, de acuerdo con la Fiscalía, todavía no pudo ser relacionado con ingresos lícitos comprobados.
La defensa, sin embargo, sostiene que necesita acceder a parte de la evidencia reunida para poder responder adecuadamente. Entre el material que busca revisar se encuentra información obtenida del teléfono celular de Tabar, que fue entregado voluntariamente a la Justicia y sometido posteriormente a una extracción forense de chats, llamadas y documentación vinculada con las obras de la vivienda.
El próximo paso:
El pedido de prórroga no implica, por sí mismo, una definición sobre la responsabilidad del exfuncionario. La investigación se encuentra todavía en una etapa en la que Adorni debe brindar explicaciones sobre las inconsistencias detectadas.
Una vez que la defensa presente su respuesta, la Fiscalía deberá evaluar si las explicaciones y la documentación aportada permiten despejar las dudas planteadas. Si esto no ocurre, Pollicita podría avanzar hacia un pedido de citación a declaración indagatoria, una instancia que deberá ser resuelta por el juez Lijo.
Por ahora, la causa vuelve a quedar condicionada por una decisión judicial, que es la de determinar si Adorni tendrá los 15 días adicionales que solicitó para intentar responder a las preguntas que puso bajo análisis su evolución patrimonial.
