La Cámara Federal porteña confirmó el cierre de la investigación que tenía como imputados al expresidente Mauricio Macri y a los exfuncionarios Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger por la negociación y ejecución del acuerdo Stand By firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes ratificaron el sobreseimiento que había sido dictado en febrero por la jueza María Eugenia Capuchetti.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada en 2019 por la entonces diputada Graciela Camaño, en la que se cuestionaban posibles irregularidades en el proceso mediante el cual Argentina acordó el préstamo con el organismo internacional durante el gobierno de Macri.

El acuerdo Stand By fue firmado inicialmente por unos US$50.000 millones y posteriormente ampliado hasta alcanzar los US$57.100 millones. La investigación buscó determinar si durante la negociación, firma y ejecución del entendimiento se habían cometido delitos o incumplido procedimientos previstos por la normativa argentina.

Entre los cuestionamientos planteados durante el expediente se encontraba la falta de intervención del Congreso Nacional, además de otras presuntas irregularidades administrativas. La fiscalía también había señalado que no existió un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, que no habría intervenido el jefe de Gabinete y que se habían utilizado procedimientos administrativos diferentes de los previstos para este tipo de operaciones.

Otro de los puntos analizados fue el destino de los fondos recibidos del FMI y el posible perjuicio económico ocasionado al Estado. En ese marco, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había estimado un daño patrimonial cercano a los US$29.618 millones.

Sin embargo, para la Cámara Federal, esos elementos no alcanzaron para sostener la existencia de un delito. Los jueces consideraron que las irregularidades en los procedimientos administrativos, por sí mismas, no configuran un abuso de autoridad si no se demuestra una intención concreta de incumplir la ley y un ejercicio manifiestamente arbitrario de las funciones públicas.

También señalaron que la existencia de un eventual perjuicio económico no resulta suficiente para acreditar una administración fraudulenta. Para configurar ese delito, explicaron, debía demostrarse que los fondos fueron utilizados de manera deliberadamente perjudicial o desviados en beneficio propio o de terceros.

En cuanto a la posibilidad de que se hubiera cometido malversación de fondos, la Cámara sostuvo que los documentos vinculados al acuerdo con el FMI tienen carácter técnico y forman parte de compromisos internacionales. Por ese motivo, consideró que su eventual incumplimiento no permitía, por sí solo, encuadrar la conducta como un delito contra la administración pública.

La investigación se extendió durante más de cinco años e incluyó informes de organismos como la SIGEN, la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Banco Central, además de documentación administrativa, declaraciones testimoniales, análisis de operaciones patrimoniales y documentación remitida por el FMI.

La fiscalía había apelado el cierre de la causa al considerar que la investigación todavía estaba incompleta y que la evidencia se encontraba fragmentada. Sin embargo, los camaristas entendieron que no se había presentado una hipótesis delictiva suficientemente respaldada por las pruebas reunidas ni se habían identificado nuevas medidas que pudieran modificar las conclusiones alcanzadas durante el proceso.

De esta manera, la Sala I confirmó el sobreseimiento y puso fin a la investigación penal relacionada con la negociación, firma y ejecución del acuerdo Stand By celebrado entre Argentina y el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.