La crisis de Ueno Bank desató un escándalo financiero y político en Paraguay que terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña. La intervención de la entidad por problemas de solvencia, los millones de dólares en fondos públicos que administraba y los vínculos del mandatario con el grupo propietario quedaron en el centro de la polémica.
El conflicto también derivó en una investigación judicial y en el impulso de un juicio político por parte de legisladores opositores y del propio oficialismo.
QUÉ ES UENO BANK Y CÓMO CRECIÓ EN PARAGUAY
Ueno Bank es una entidad financiera digital controlada por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales de Paraguay. Sus antecedentes se remontan a Financiera El Comercio, fundada en 1976 y adquirida por el grupo en 2021.
En 2023 obtuvo autorización para operar como banco y, al año siguiente, incorporó a Visión Banco. Esa operación amplió su cartera de clientes, sucursales y depósitos, y aceleró su expansión dentro del sistema financiero paraguayo.
Para septiembre de 2026, la entidad aseguraba contar con cerca de 2,9 millones de usuarios, una cifra equivalente a casi la mitad de la población del país.
LOS MILLONES DE DÓLARES EN FONDOS PÚBLICOS
Uno de los puntos que tomó relevancia durante la crisis fue la cantidad de recursos estatales y previsionales que administraba la entidad.
Según las cifras difundidas durante el escándalo, Ueno Bank tenía bajo su administración entre US$800 y US$850 millones de fondos públicos. Dentro de ese monto, unos US$355 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de gestionar jubilaciones y servicios de salud.
Además, cerca de 32.000 jubilados cobraban sus haberes a través del banco.
Estos recursos quedaron bajo la lupa luego de que las autoridades financieras detectaran problemas en la situación de la entidad.
POR QUÉ INTERVINO EL BANCO CENTRAL
El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La medida puso en marcha el proceso para resolver la situación financiera de la entidad y generó preocupación entre sus clientes por el acceso a sus cuentas y ahorros.
El caso abrió interrogantes sobre cómo un banco que había experimentado un crecimiento tan acelerado llegó a una situación de este tipo.
LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL Y LOS VÍNCULOS CON EL GOBIERNO
La crisis también llegó al ámbito judicial. La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos y ejecutivos vinculados a Ueno, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la administración de la entidad.
Entre los puntos bajo análisis aparecen préstamos a empresas relacionadas con el grupo propietario.
A su vez, Santiago Peña quedó bajo cuestionamiento por sus vínculos comerciales con el Grupo Vázquez, del que había sido accionista hasta 2025. También quedó en el centro de la polémica Carlos Carvallo, quien encabezaba el Banco Central y había mantenido una relación previa con la entidad. Carvallo renunció a su cargo en medio de la crisis.
La oposición denunció posibles conflictos de intereses y cuestionó el manejo de fondos públicos y previsionales. Desde el Gobierno no se habían respondido los cuestionamientos al momento de difundirse la información.
EL JUICIO POLÍTICO QUE PRECIPITÓ LA RENUNCIA DE SANTIAGO PEÑA
La presión sobre el presidente aumentó cuando legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaron un juicio político por presunto mal desempeño de funciones y por sus vínculos con el caso Ueno.
La tensión escaló cuando Horacio Cartes, expresidente paraguayo y líder del Partido Colorado, anunció que el oficialismo acompañaría el proceso.
En ese escenario, el 5 de noviembre Peña comunicó su renuncia a la Presidencia mediante un mensaje en video publicado en sus redes sociales. Allí sostuvo que su decisión buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la población.
Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana quedó en la línea de sucesión para completar el mandato presidencial, previsto hasta agosto de 2028.
