La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, aunque con importantes modificaciones respecto de la iniciativa original. Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo retiró dos de los capítulos más cuestionados, por lo que el texto que obtuvo media sanción difiere del presentado inicialmente. El proyecto ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.
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Los principales cambios que introduce
El eje central de la iniciativa es agilizar los procesos de desalojo, reforzar la protección de la propiedad privada y modificar el régimen de expropiaciones.
Uno de los puntos más relevantes es la creación de un procedimiento de desalojo más rápido para inmuebles ocupados de manera irregular y para casos de incumplimiento en contratos de alquiler. La iniciativa habilita procesos sumarísimos para reducir los tiempos judiciales y permitir una restitución más ágil del inmueble.
En el caso de los alquileres por falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino para que regularice la deuda. El texto fija un plazo mínimo de 10 días corridos, superior al previsto en la versión original, antes de iniciar la acción judicial. La notificación podrá realizarse tanto en el domicilio contractual como por correo electrónico.
Además, el proyecto amplía quiénes podrán solicitar el desalojo, incorpora nuevas reglas para las notificaciones judiciales y establece mecanismos destinados a agilizar la entrega del inmueble, aunque mantiene garantías procesales para personas en situación de vulnerabilidad.
Cambios en las expropiaciones
Otro de los aspectos centrales del proyecto modifica el régimen de expropiaciones. La iniciativa busca endurecer las condiciones para que el Estado pueda avanzar sobre un bien privado y fortalece las garantías para los propietarios, reafirmando el principio de inviolabilidad de la propiedad privada.
Qué artículos quedaron afuera
Durante la negociación parlamentaria, el Gobierno aceptó eliminar dos capítulos que habían generado fuerte resistencia entre distintos bloques políticos y gobernadores.
El primero era la modificación de la Ley de Tierras Rurales, que flexibilizaba las restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ese apartado fue retirado antes de la votación.
También quedó fuera del proyecto la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, por lo que continúan vigentes las restricciones actuales que impiden modificar el uso de terrenos afectados por incendios durante los plazos establecidos por la legislación vigente.
Con estos cambios, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá definir si convierte el proyecto en ley o introduce nuevas modificaciones.
