La adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias volvió a poner en el centro del debate una de las herramientas tributarias impulsadas por el Gobierno nacional dentro de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. El funcionario confirmó su incorporación al sistema mientras continúa bajo análisis público su situación patrimonial.
Se trata de un régimen optativo que busca simplificar la presentación de declaraciones juradas y reducir la carga administrativa para los contribuyentes. A diferencia del esquema tradicional, quienes adhieren no deben detallar movimientos patrimoniales ni justificar consumos o variaciones en su nivel de vida dentro de la declaración simplificada.
Uno de los principales beneficios es el denominado «tapón» o «bloqueo fiscal». Esto implica que, si el contribuyente cumple correctamente con sus obligaciones tributarias desde el momento de la adhesión, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presume regularizada su situación fiscal de períodos anteriores y limita las revisiones retroactivas.
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¿Quiénes pueden acceder?
El régimen está destinado a personas y empresas que no superen determinados límites patrimoniales y de ingresos. Según la normativa vigente, pueden adherirse quienes registren ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no exceda los $10.000 millones.
Además, la herramienta permite incorporar al sistema fondos previamente no declarados, siempre que provengan de actividades lícitas y cumplan con los requisitos establecidos por la legislación vigente.
El caso Adorni
La incorporación de Adorni al régimen cobró relevancia debido a las investigaciones y cuestionamientos surgidos en torno a su patrimonio y al de su esposa, Bettina Angeletti. Desde el entorno del funcionario señalaron que la adhesión no implicó un blanqueo de capitales ni la declaración de nuevos dólares, sino la utilización de una herramienta fiscal disponible para cualquier contribuyente que cumpla los requisitos establecidos.
No obstante, especialistas remarcan que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias no impide eventuales investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos u otros delitos que puedan ser analizados por organismos competentes. El alcance del beneficio se limita al plano tributario y fiscal.
Una medida que genera debate
La creación de este régimen forma parte de la Ley 27.799, aprobada a fines de 2025, que introdujo modificaciones al régimen penal tributario y elevó los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal.
Desde el Gobierno sostienen que busca simplificar la relación entre contribuyentes y Estado, mientras que sectores de la oposición y especialistas cuestionan el alcance de los beneficios otorgados.
La adhesión de funcionarios nacionales a este esquema volvió a instalar la discusión sobre los controles fiscales, la transparencia patrimonial y los alcances de las reformas tributarias impulsadas por la administración de Javier Milei.
