El Gobierno nacional avanzó en una reforma integral del sistema de inteligencia argentino mediante un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete, que introduce modificaciones en la Ley de Inteligencia Nacional.
Esta norma fue publicada en el Boletín Oficial y redefine competencias, reorganiza estructuras, crea nuevos ámbitos de coordinación interinstitucional y establece un marco más preciso para la producción de inteligencia estratégica por parte del Estado.
En detalle, el Gobierno oficializó la reforma a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que dispone cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. En los considerandos de la medida, la administración libertaria explicó que el objetivo de la norma es redefinir competencias y reorganizar estructuras – con la creación de nuevas oficinas – para solucionar la superposición de funciones y la dificultad para integrar la información de la Secretaría.
En detalle, el Gobierno oficializó la reforma a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que dispone cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. En los considerandos de la medida, la administración libertaria explicó que el objetivo de la norma es redefinir competencias y reorganizar estructuras – con la creación de nuevas oficinas – para solucionar la superposición de funciones y la dificultad para integrar la información de la Secretaría.
CAMBIOS
Uno de los cambios más relevantes es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. La nueva potestad de la Secretaría – empoderada por el asesor presidencial, Santiago Caputo – surge a raíz de la incorporación del artículo 10 nonies.
El Gobierno también incluyó otras modificaciones en la Ley de Inteligencia. Así, uno de los ejes centrales de la reconversión de la secretaría es la creación de una Comunidad de Inteligencia, un ámbito de integración funcional permanente que quedará bajo la conducción de la SIDE.
El objetivo es institucionalizar el intercambio de información estratégica entre los organismos especializados, incorporando insumos provenientes de áreas clave como la economía, la salud, la tecnología, el clima y la comunicación, entre otros. La intención oficial es ampliar la mirada del análisis estratégico nacional y dotarlo de mayor profundidad y transversalidad.
En paralelo, el decreto establecerá una Comunidad Informativa, un esquema complementario que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto. Se trata de una red destinada a fortalecer la base informativa disponible y mejorar la calidad del análisis, aun cuando la información aportada no tenga carácter clasificado.
