El Gobierno nacional puso en marcha el proceso para privatizar Belgrano Cargas y Logística, una de las principales redes ferroviarias de transporte de cargas del país. El esquema contempla concesiones de hasta 50 años, la participación de operadores privados y la venta de parte del material ferroviario que actualmente pertenece al Estado.

La decisión alcanza a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, que en conjunto conforman una red de aproximadamente 7.600 kilómetros de vías y atraviesan distintas provincias argentinas, entre ellas Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Juan.

El proceso había sido habilitado previamente por el Gobierno a través del Decreto 67/2025, que estableció la privatización total de la empresa mediante la separación de sus distintas unidades de negocio. La infraestructura ferroviaria y los talleres quedarían bajo concesiones privadas, mientras que el material rodante podrá ser vendido.

Cómo será el nuevo esquema

La privatización no implicará entregar todo el sistema ferroviario a una única compañía. El diseño contempla la participación de distintos operadores.

Por un lado, se licitarán las vías y los inmuebles ubicados junto a ellas, cuya concesión tendrá una duración de 50 años. Los privados deberán asumir tareas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y podrán cobrar peajes a las empresas que utilicen las vías.

También se prevén concesiones para los talleres ferroviarios, que tendrán a su cargo la reparación y puesta a punto de las formaciones.

En paralelo, el Estado avanzará con la venta de locomotoras y vagones que actualmente se encuentran bajo administración de Belgrano Cargas. Los interesados podrán optar por adquirir ese material junto con la concesión de las vías.

El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema con mayor participación privada y reducir el rol del Estado como operador directo del transporte ferroviario de cargas.

La condición que limita a empresas controladas por otros Estados

Uno de los puntos que genera mayor atención en el proceso es la condición incorporada en el pliego de licitación: no podrán participar empresas que estén controladas, directa o indirectamente, por gobiernos extranjeros.

La restricción no apunta exclusivamente a compañías de un país determinado. Sin embargo, fue interpretada como una medida que podría impedir la participación de empresas estatales chinas en una infraestructura considerada estratégica para la Argentina.

La cláusula ya había sido utilizada por la administración de Javier Milei en otros procesos vinculados con infraestructura, como la licitación de la Hidrovía y el proyecto AMBA I.

Esto no significa que todas las empresas extranjeras queden afuera. Una compañía privada internacional podrá competir siempre que no esté bajo control de un Estado extranjero y cumpla con el resto de las condiciones establecidas.

La convocatoria será pública, nacional e internacional. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas para quedarse con la concesión de las vías y, de manera opcional, participar también de la adquisición del material rodante.

De esta manera, el Gobierno busca avanzar con una de las privatizaciones ferroviarias más importantes de su gestión, con contratos de largo plazo y un modelo que apunta a que los privados asuman la operación, el mantenimiento y parte de las inversiones necesarias para recuperar la infraestructura.