Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, suspendió su aplicación hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas. El argumento replica lo expuesto en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando el oficialismo ya había advertido que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales.
