El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió dejar sin efecto el denominado “protocolo antipiquetes”, utilizado desde 2023 para regular la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales y cortes de calles. La medida fue dispuesta por el juez Cormick, quien declaró la nulidad del marco normativo que había sido implementado durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad.
La decisión judicial se adoptó tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que había cuestionado la legalidad de la Resolución 943/2023. En su análisis, consideró que el esquema establecido por esa norma excedía las atribuciones de la administración pública al afectar derechos consagrados por la Constitución Nacional.
Al fundamentar el fallo, Cormick afirmó que “la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión”.
