Tras poco más de un mes en funciones, Manuel García Mansilla presentó su renuncia como juez de la Corte Suprema. La salida se produjo en medio de una tormenta política y judicial que incluyó el rechazo de su pliego en el Senado y una cautelar que le impedía firmar resoluciones.
El abogado y académico había asumido el 27 de marzo, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Sin embargo, su permanencia en el máximo tribunal fue efímera: este lunes al mediodía, y a través de un escrito, formalizó su renuncia indeclinable.
El contexto que rodea su salida está marcado por la negativa del Senado a aprobar su designación —votada con amplia mayoría el viernes pasado— y por una medida dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que lo inhabilitaba por 90 días para tomar decisiones en la Corte.
UN NOMBRAMIENTO CUESTIONADO
García Mansilla había llegado al tribunal junto con Ariel Lijo, otro juez designado por el Ejecutivo mediante el mismo decreto, aunque Lijo no asumió. En ambos casos, las críticas apuntaron a la legalidad del procedimiento utilizado, al tratarse de nombramientos en comisión sin el aval del Senado.
Fue precisamente esa falta de acuerdo parlamentario la que motivó la acción judicial presentada por Jorge Rizzo y Andrés Gil Domínguez. El juez Ramos Padilla, en su resolución, recordó que la Constitución impide a un juez ejercer funciones sin el visto bueno del Senado, incluso si fue designado en comisión por el Ejecutivo.
SIN CONSENSO EN LA CORTE
El Gobierno nacional intentó revertir la medida mediante un recurso de “per saltum” ante la propia Corte, pero no encontró respaldo entre los otros jueces del cuerpo. Sin acompañamiento interno y con la medida judicial en pie, la posición de García Mansilla quedó cada vez más debilitada.
Desde Casa Rosada, el jefe de Gabinete Guillermo Francos defendió el decreto y aseguró que no había motivo constitucional que obligara al magistrado a renunciar. Incluso el propio García Mansilla se había expresado en defensa de su nombramiento, advirtiendo que solo un juicio político podía removerlo.
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
La salida del juez reavivó la discusión sobre los límites del Poder Ejecutivo para designar jueces sin acuerdo del Senado. Aunque técnicamente podía mantenerse en el cargo hasta fines de noviembre, el escenario político y judicial tornó inviable su continuidad.
Con su renuncia, la Corte vuelve a estar integrada por tres miembros: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Fue justamente Lorenzetti quien, en declaraciones radiales, cuestionó los nombramientos por decreto: “Yo no aceptaría una designación sin el acuerdo del Senado”, señaló.
El episodio deja en evidencia la tensión entre los poderes del Estado en torno a las designaciones judiciales. Y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo se deben cubrir las vacantes en el máximo tribunal del país.
