Un hecho estremecedor sacudió al distrito minero de Pataz, en el departamento de La Libertad, al norte de Perú: trece trabajadores que habían sido secuestrados a fines de abril fueron hallados sin vida dentro de una mina operada por la empresa Poderosa. Según informaron desde la compañía, los cuerpos mostraban signos de haber sido «ejecutados».
El trágico hallazgo se produjo luego de varios días de incertidumbre y pedidos de rescate a familiares por parte de los captores. La radio local RPP citó a fuentes policiales que revelaron detalles estremecedores: los mineros estaban maniatados, con los ojos vendados, sin ropa y habrían recibido disparos en el cuello.
Desde Poderosa apuntaron contra la minería ilegal y el crimen organizado. En un comunicado, señalaron que los atacantes «tomaron por la fuerza la unidad minera donde laboraban las víctimas» y expresaron su acompañamiento a los familiares. Además, advirtieron que ya son 39 las personas asesinadas por estas bandas, incluyendo empleados, pequeños mineros y sus equipos de trabajo.
Las víctimas habían sido vistas por última vez el 27 de abril, cuando se encontraban trabajando en el socavón donde finalmente fueron localizados sin vida. Desde la empresa describieron a la provincia de Pataz como «una zona sin control estatal, dominada por la violencia, el miedo y la impunidad».
La gravedad de la situación llevó a que el gobierno regional solicitara al Ejecutivo nacional declarar el estado de sitio en la zona, como medida urgente para frenar la escalada de violencia. «Pedimos al Poder Ejecutivo que evalúe esta medida extrema pero necesaria para recuperar el control del territorio y desarticular a las mafias que amenazan la seguridad del país», expresó la gobernación.
En paralelo, el mismo día del hallazgo de los 13 cuerpos, la Policía Nacional de Perú logró liberar a otros 50 trabajadores secuestrados que operaban en una mina perteneciente a la empresa Caraveli.
En medio del creciente temor, el gobierno de Dina Boluarte enfrenta duras críticas por su inacción ante el avance del crimen organizado en regiones como Pataz, que hoy parecen estar fuera del control estatal.
