Este martes, distintas comisiones de la Cámara de Diputados volverán a discutir una propuesta que busca modificar la Ley Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Además, el proyecto plantea un nuevo esquema de sanciones para jóvenes que cometan delitos.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo del oficialismo y sectores del PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal, apunta a un tratamiento urgente y podría tener dictamen favorable en las próximas horas, según fuentes legislativas.
En la vereda opuesta se encuentran Unión por la Patria, legisladores de izquierda, organismos de Derechos Humanos y también referentes de la Iglesia. Entre ellos, el obispo de La Rioja y titular de la Pastoral Social, Dante Braida, quien advirtió que “encerrar a un menor no resuelve el problema de fondo”.
El encuentro clave será a las 16, convocado por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), junto a las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto.
Aunque sectores del Gobierno impulsan que la imputabilidad se fije desde los 13 años en delitos graves, el consenso mayoritario se inclina por establecerla a partir de los 14.
El proyecto estipula que los menores no podrán ser condenados a prisión perpetua y que la pena máxima será de 20 años, incluso en casos de múltiples delitos. También propone una serie de medidas orientadas a la reinserción social, como acceso a educación, formación ciudadana, actividades deportivas y asistencia médica.
Además, se plantea la posibilidad de revisar la condena una vez cumplidos dos tercios de la pena, permitiendo su continuación en otros espacios como el hogar, institutos abiertos o centros especializados para menores.
Para los casos menos graves, se contemplan sanciones alternativas como trabajos comunitarios, restricciones de acercamiento, monitoreo electrónico y reparación del daño.
