La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el proyecto de ley Antibarras, una iniciativa que busca declarar a las barras bravas como asociaciones ilícitas, endurecer las penas y reforzar los controles sobre los dirigentes de los clubes.
La medida, que ya fue enviada a la Cámara de Diputados con la firma del presidente Javier Milei, surge como respuesta a los recientes incidentes protagonizados por hinchas y manifestantes en las inmediaciones del Congreso.
Un problema estructural: el objetivo de la nueva ley
Desde el Salón Malvinas de Casa Rosada, y acompañada por el director nacional de Seguridad de Eventos Deportivos, Franco Berlín, Bullrich explicó que la Argentina arrastra un problema de violencia en el fútbol que nunca se resolvió de fondo.
«Hace años que el país necesita terminar con las barras de fútbol. Este proyecto tipifica sus delitos dentro de una asociación ilícita especial: una organización criminal», afirmó la ministra. También señaló que la ley reforzará los mecanismos de inhabilitación para el ingreso a los estadios, una potestad que antes tenían los clubes y que desde 2016 pasó al Estado.
Por su parte, Berlín insistió en que es necesario terminar con la figura del barra brava como parte del folklore del fútbol. «El eje es claro: hay que tipificar al barra brava penalmente como delincuente y acabar con la violencia en el fútbol de una vez por todas», aseguró.
Investigación sobre los vínculos entre barras y dirigentes
El proyecto no solo apunta a los barras, sino también a sus fuentes de financiamiento. Según Bullrich, los grupos violentos se sostienen económicamente a través de negocios ilegales como la reventa de entradas, el alquiler de micros, la venta de camisetas y el cobro de “peajes” en los estadios.
«Queremos que los delitos no se limiten a los espectáculos deportivos, sino que se castiguen todas las actividades que les generan ingresos», enfatizó la ministra.
Además, advirtió sobre el rol de algunos dirigentes de clubes, quienes en muchos casos mantienen vínculos con estos grupos. «Hay directivos que les dan entradas, les facilitan micros y les permiten ingresar con elementos contundentes. Vamos a investigar estos lazos y tomar medidas», aseguró.
Nuevas medidas para identificar a los violentos
En el marco de la próxima movilización en el Congreso, Bullrich adelantó que el Ministerio de Seguridad implementará un sistema de denuncias anónimas a través del número 134, donde los ciudadanos podrán aportar información sobre personas que participaron en los incidentes de la semana pasada.
También criticó la actuación de la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de más de 100 detenidos en las protestas recientes. «Los dejó libres sin revisar antecedentes, en solo dos horas. Los jueces tienen que proteger a la ciudadanía, no a los delincuentes», apuntó la ministra.
Un proyecto que enfrenta resistencias
Bullrich reconoció que históricamente hubo intentos fallidos de avanzar con una ley de este tipo, debido a las relaciones entre barras, dirigentes, jueces y políticos. «Muchas veces, los acuerdos entre barras y directivos impidieron que esta norma avanzara. Hay dirigentes que son barras y segunda líneas de clubes manejadas por la política», sostuvo.
Con este proyecto, el Gobierno busca romper con esta estructura y endurecer el control sobre el mundo del fútbol y sus nexos con la violencia. Ahora, la iniciativa deberá ser debatida en el Congreso.
