En los últimos días se generó una polémica por la adjudicación de créditos hipotecarios por hasta $ 400 millones del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
Se realizaron denuncias centradas en delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos.
Al menos 9 funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del BNA. Entre ellos figuran Felipe Núñez, director del BICE y asesor de Luis Caputo, con una deuda de $ 373.000.000; Federico Furiase, ex director del BCRA y actual secretario de Finanzas, con una deuda de $ 367.059.000. También aparece Juan Pablo Carreira (“Juan Doe” en X), director nacional de Comunicación Digital, que tiene un crédito por $ 112.948.000; entre otros.
Dos jujeños figuran entre los beneficiarios de estas operatorias: la senadora Vilma Bedia, y el diputado Alfredo González . En el caso de Bedia el monto ronda los 48 millones de pesos, mientras González es de aproximadamente 195 millones de pesos.
Sobre este tema, en entrevista con la TV Pública, el presidente Javier Milei defendió los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza, y dijo: “La pregunta es ¿haber tomado ese crédito mató gente? O sea, ¿violenta el derecho a la vida? ¿Mató gente? No”.
Por otra parte, desde el Banco Nación aseguran que no hubo trato preferencial y abrieron una auditoría interna para establecer con precisión el trámite de cada préstamo. Además aseguran que se pondrá a disposición de la Justicia toda la documentación requerida para aclarar la situación.
