Una preceptora de una escuela técnica de Bragado en Buenos Aires fue denunciada por presuntamente quedarse con USD 45 mil que estaban destinados al viaje de estudios de alumnos de séptimo año.
Las familias afectadas son 37 y, durante más de un año, realizaron distintos aportes económicos para financiar un viaje en avión a El Bolsón, en la Patagonia argentina. Parte del dinero había sido reunido mediante rifas, ventas de comida y otras actividades organizadas por padres y estudiantes.
Según la denuncia presentada, la mujer solicitaba que los pagos fueran transferidos directamente a su cuenta personal y no a una cuenta institucional del colegio. Esa modalidad se habría mantenido durante meses y es uno de los puntos centrales de la investigación judicial.
El viaje fue postergado al menos seis veces y, en cada oportunidad, la preceptora habría presentado documentación presuntamente falsa vinculada a empresas de turismo para justificar las demoras frente a las familias.
La situación salió a la luz cuando las autoridades de la institución convocaron a los padres para informarles que el dinero destinado al viaje no estaba disponible. De acuerdo con el relato de familiares de los alumnos afectados, la mujer habría reconocido la situación de manera informal con la frase: “Me patiné la plata”.
Tras conocerse el caso, la acusada solicitó licencia por una presunta enfermedad y dejó de responder mensajes y llamados.
El abogado Federico Etcheún confirmó que las familias realizaron una denuncia penal colectiva por estafa agravada. Además, explicó que la condición de funcionaria pública de la acusada podría agravar la causa judicial y derivar en una posible pena de prisión, dependiendo de sus antecedentes.
La defensa de las familias solicitó medidas precautorias como el embargo de bienes, cuentas bancarias y vehículos. También advirtieron que la institución educativa podría enfrentar responsabilidad civil debido a que la acusada era empleada del establecimiento y la maniobra habría ocurrido en el marco de una actividad escolar.
Mientras la investigación avanza, vecinos y conocidos de las familias afectadas impulsaron una campaña solidaria para intentar que los estudiantes no pierdan el viaje. Según informaron, los fondos recaudados son supervisados por profesionales contables y reportados diariamente a los padres involucrados.
