La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba emitió un fallo histórico e inédito en Argentina al determinar la relación entre la aplicación de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 y la muerte de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años que falleció en julio de 2021.
La resolución judicial fue firmada por los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Ávalos, quienes fallaron a favor de María Virginia Ruiz, madre de la víctima. El fallo sostiene que el fallecimiento de la joven estuvo relacionado con complicaciones derivadas de la primera dosis de la vacuna desarrollada en Rusia.
Según se detalló en la causa, Melín Sartori recibió la vacuna en julio de 2021 y, pocos días después, comenzó a presentar fuertes cefaleas y vómitos. Con el correr de los días, el cuadro empeoró y derivó en un grave deterioro neurológico.
De acuerdo al dictamen médico incorporado al expediente, la joven sufrió una trombosis con trombocitopenia, una complicación que finalmente provocó su fallecimiento quince días después de la inoculación en la ciudad de Córdoba.
Uno de los puntos fundamentales del proceso judicial fue el informe elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa), organismo que reconoció el nexo entre la aplicación de la Sputnik V y la muerte de la joven. Ese documento fue considerado clave por la Cámara Federal al momento de emitir el fallo.
En la sentencia, el tribunal afirmó que “en base a los elementos reunidos, es posible concluir que el evento se encuentra relacionado a la colocación de la vacuna Sputnik V”.
Además, la Justicia resolvió que el Ministerio de Salud de la Nación deberá avanzar con el proceso administrativo correspondiente para que la familia pueda acceder a la indemnización prevista por el Fondo de Reparación COVID-19 establecido por la Ley 27.573.
El resarcimiento económico dispuesto rondaría los 95 millones de pesos, equivalentes a 240 haberes mínimos jubilatorios.
El fallo también ordena que el Ministerio de Salud complete en un plazo de 30 días los trámites pendientes previstos en la normativa vigente para efectivizar el pago correspondiente a la familia de la víctima.
La resolución marcó un precedente judicial inédito en el país y reabrió el debate en torno a los efectos adversos vinculados a vacunas aplicadas durante la pandemia.
