A 50 años del inicio del Operativo Independencia en Tucumán, el inicio del terrorismo de Estado, en febrero de 1975, se dio a conocer una nueva identificación en el Pozo de Vargas, la fosa en donde se ocultaron restos de detenidos desaparecidos.Se trata de René Salustiano Ruiz, quien fue secuestrado de su casa por un grupo de tareas del Ejército el 2 de junio de 1976, en el pueblo de Caspinchango, en el sur de la provincia. Tenía 40 años y era obrero de la actividad azucarera. «Mi abuelo se pasaba días, a caballo, buscando en cada pueblo algún dato sobre su hermano. Se murió sin haberlo encontrado», contó un familiar.
René Salustiano Ruiz vivía con su familia en el paraje conocido como La Ciénaga, en el pedemonte tucumano, cuando en enero de 1976 se traslada hacia el pueblo de Caspinchango, a unos kilómetros, en donde había un pequeño ingenio azucarero, del que hoy sobrevive apenas una derruida chimenea. Por entonces, con su tercera pareja, con quien no tuvo descendencia -una separación y otra falleció- Ruiz ya tenía cuatro hijos. En ese ingenio consiguió trabajo y su oficio era el de balancero, una tarea de importancia, pues tenía la responsabilidad de pesar la caña de azúcar que ingresaba a la fábrica en los carros.
Política de miedo
En Tucumán, el Operativo Independencia, fue comandado por el general Adel Vilas, bajo la órbita de la V Brigada del Ejército. En diciembre de 1975, Vilas fue reemplazado por Antonio Domingo Bussi, quien murió en 2011, a los 88 años, condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En una primera etapa, Vilas dirigió a 5.000 miembros del Ejército, otras fuerzas federales y provinciales, y aunque el objetivo oficial era «aniquilar» la guerrilla, el accionar represivo se volcó en los pueblos y en las principales ciudades tucumanas en contra de quienes resistieron a las persecuciones. En particular y en medio de una profunda conflictividad política y social, en contra de trabajadores azucareros, ferroviarios y estudiantes secundarios y universitarios.
En dos camiones y de madrugada
En el juicio «Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía de Tucumán», en 2013, familiares de Ruiz informaron que en la madrugada del 2 de junio de 1976, alrededor de la una de la madrugada, un grupo de tareas del Ejército, integrado por cerca de 20 hombres, rodeó la casa, ingresó a los gritos y se llevó al trabajador azucarero. Los uniformados, sin cubrirse el rostro, se movilizaban en dos camiones -uno grande y otro tipo Unimog- más un Jeep. Se cree que podría haber sido una venganza del Ejército en contra de la población civil por la voladura de un puente que unos días antes había realizado lo que quedaba de la deshilachada guerrilla.
La familia de Ruiz hizo la denuncia y lo buscó durante meses. «Mi abuelo, Luis Américo Ruiz, que era hermano de René, lo buscó durante mucho tiempo. Mi mamá me contó que se pasaba días, a caballo, recorriendo pueblos preguntando por su hermano, buscado algún dato alguna pista», contó Verónica Ruiz. «Lamentablemente, murió sin haberlo encontrado, aunque en democracia pudo dar con un testimonio sobre su detención en un centro clandestino. Ahora estamos en paz», reflexionó.
En el mismo juicio «Arsenal Miguel de Azcuénaga» -otro centro clandestino de detención ilegal, en una dependencia del Ejército, por donde pasaron 267 personas- un testigo aportó más datos. Juan Manuel Quinteros, también de Caspichango, recordó haberlo cruzado a «Chala» Ruiz en el Arsenal. Contó que «frente a su casillero -tabiques muy pequeños en donde los detenidos estaban todo el tiempo acostados, con sus manos atadas y vendas en los ojos- estaba ‘Chala’ Ruiz. Que le pidió que le dijera a su mujer en donde estaba para que ponga un abogado y lo saque. Pero Ruiz no salió nunca».
Quinteros narró también que en la zona de Caspinchango y de Santa Lucía todos vivían con miedo. «Había tanques de guerra, a las 20 horas había que apagar las luces y se llevaban a quienes ellos querían. En esa época en Caspinchango vivían alrededor de unas 600 familias, se conocían casi todos. La mayoría vivía de pelar caña», contó. Además precisó que el Ejército ingresó a la zona a partir de marzo de 1976 y que los soldados se habían instalado en galpones del pueblo.
Según otro testimonio, en otra causa por crímenes de lesa humanidad, Ruiz fue visto en la cárcel de Villa Urquiza, también usada como centro clandestino de detención. De acuerdo a esa persona, en base a lo señalado por la familia, fue visto junto a Segundo Aguilera. Los dos fueron secuestrados el mismo día. Ambos testimonios no son incompatibles, pues algunos detenidos fueron llevados al penal y luego trasladados al Arsenal Miguel de Azcuénaga, señalizado como Sitio de la Memoria.
«Decidimos no olvidar»
El Pozo de Vargas se encuentra en el municipio de Tafí Viejo, que está pegado a la capital tucumana, hacia el norte. El predio, que depende de la Justicia Federal, recibe la colaboración de ese municipio para su mantenimiento y allí se realizó el pasado 7 de febrero un acto para recordar los 50 años del Operativo Independencia, el inicio del terrorismo de Estado. Alrededor de 20 de las 120 identificaciones se corresponden con víctimas que fueron secuestradas durante ese operativo, algunas de Tafí Viejo, como el caso del taficeño y ferroviario Segundo Bonifacio Arias, secuestrado el 14 de febrero de 1976 e identificado en el pozo.
En el acto estuvieron la intendenta peronista Alejandra Rodríguez y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Mario Racedo. «Recibimos la noticia de esta nueva identificación en el Pozo de Vargas con esperanza y justo hace unos días estuvimos allí. La historia de nuestro país, de sus dictaduras, nos duele y decidimos no olvidar ese horror al que fuimos sometidos», reflexionó la intendenta a Ámbito. «También resistimos en no dejar que los discursos negacionistas intenten invisibilizar las desapariciones de cientos de compatriotas, es imposible olvidar tanto dolor», cerró.
Hoy participé del acto conmemorativo por los 50 años del Operativo Independencia, que tuvo lugar en nuestra provincia y fue el comienzo del genocidio en nuestro país. pic.twitter.com/ObzvEDQT7v
— Alejandra Rodríguez (@alejarod72) February 7, 2025
El Pozo
El pozo es de origen ferroviario y se encuentra a metros de las vías del tren, puesto que su construcción data de fines del siglo XIX, cuando se comenzó a extender la red ferroviaria por todo el país y las locomotoras eran a vapor. Es decir, necesitaban aprovisionarse a menudo de agua. El paso de las máquinas a diésel convirtió en inservible el pozo, que quedó adentro de una propiedad privada, cuyo dueño era de apellido Vargas, de allí su denominación.
En los años 70, por razones que aún se investigan, el lugar fue utilizado durante el Operativo Independencia y la última dictadura como fosa para arrojar restos de desaparecidos, que antes habían sido torturados y asesinados. Algunos, provenían de centros clandestinos de detención, como la exJefatura de Policía y el exArsenal Miguel de Azcuénaga, entre otros.
Por una denuncia de un particular y en base a testimonios de vecinos de la zona, la Justicia Federal abrió una investigación en 2002. En septiembre de 2023 la excavación llegó al fondo, de casi 40 metros de profundidad, pero continúan las tareas en los laboratorios del EAAF y del CAMIT, en donde existen importantes volúmenes de fragmentos de huesos y de materiales asociados, como billeteras, calzados, anteojos, cadenas con medallas o crucifijos, entre otros objetos. Según los investigadores, en la fosa más grande del país.
La primera identificación de restos en el pozo fue el 11 de diciembre de 2011. Ese día, el EAAF comunicó que allí había sido arrojado el ex senador provincial peronista Guillermo “Chonga” Vargas Aignasse, desaparecido el 5 de abril de 1976, a los 35 años de edad, padre del actual legislador provincial electo Gerónimo Vargas Aignasse. Desde entonces se han sucedido las identificaciones hasta llegar a la cifra de 120, hasta ahora, porque los restos extraídos se corresponden con 145 individuos, al menos.
