La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de las propiedades adquiridas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se incorporó al Régimen Simplificado de Ganancias, una herramienta contemplada en la Ley 27.799 y conocida popularmente como «Régimen de Inocencia Fiscal».

Según trascendió, Nechevenko reconoció ante la Justicia que tanto Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, son clientes suyos y que participó en distintas operaciones vinculadas a la compra de inmuebles actualmente bajo análisis judicial. La adhesión al régimen impositivo se suma a las realizadas recientemente por el propio jefe de Gabinete y su esposa.

El Régimen Simplificado de Ganancias permite a los contribuyentes presentar declaraciones juradas más acotadas, sin detallar movimientos patrimoniales ni justificar consumos o incrementos de bienes, además de generar un «bloqueo fiscal» sobre períodos anteriores si se cumplen determinadas condiciones. La herramienta fue impulsada por el Gobierno nacional y despertó cuestionamientos de sectores opositores y especialistas tributarios.

La incorporación de la escribana a este esquema ocurre mientras la Justicia avanza en la reconstrucción patrimonial de Adorni y su entorno familiar, una investigación que busca determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio en los últimos años.

Propiedades, criptomonedas y un pendrive bajo la lupa

La causa judicial contra Manuel Adorni se originó tras diversas publicaciones periodísticas que expusieron un fuerte incremento patrimonial del funcionario y una serie de gastos que, según los investigadores, no se corresponderían con los ingresos conocidos del matrimonio.

Entre los elementos analizados figuran la compra de un semipiso en Caballito, una vivienda en un country de Exaltación de la Cruz, remodelaciones millonarias, viajes al exterior y el uso de un avión privado para trasladarse a Uruguay.

El expediente se encuentra a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes continúan tomando testimonios en el marco de la investigación. En este contexto, declaró Leandro Miano, hijo de una de las personas acreedoras del jefe de Gabinete, quien ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares vinculada a fondos utilizados para la modernización del inmueble. Según lo expuesto en su declaración, la operación habría sido gestionada junto a su socio Feijoo.

La investigación también incorpora el rol del contratista Matías Tabar, quien declaró haber participado en trabajos de refacción y carpintería en la propiedad. Según su testimonio, los pagos se habrían realizado en efectivo y sin factura, por un monto total de 14 millones de pesos, en trabajos solicitados para el mismo entorno familiar.

Los 14 millones en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio Adorni habría destinado en los últimos dos años y medio a distintas propiedades, de acuerdo con los registros incorporados al expediente judicial. Este volumen de gastos es uno de los puntos que analiza la investigación para determinar el origen y la justificación de los fondos utilizados.