El Gobierno dará inicio la semana que viene a la primera tanda de exámenes de idoneidad a empleados públicos, que estará apuntado a unos 40 mil personas cuyos contratos temporales terminan a fin de año y que tendrá que ser aprobado como requisito obligatorio para una eventual renovación. En paralelo, el Poder Ejecutivo pondrá a revisión la planta de personal de todas las áreas del Estado para determinar si necesita una reestructuración que implique reducirla.
En los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen a unos 40 mil empleados temporarios en esta primera instancia. Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.
Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que será en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño y que podría extenderse eventualmente a otras locaciones como Tecnópolis. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.
La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para ingresantes, algo que sucede no por una ampliación de la dotación de personal sino por la rotación que sucede cuando se desocupan lugares por retiros o jubilaciones. Así como es obligatoria, no será una garantía de recontratación o de ingreso, que siempre dependerá de la decisión administrativa de cada área. “No queremos que sea un filtro, sino para tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”, dijeron desde un despacho oficial.
Por año, cada empleado que sea sujeto al examen de idoneidad tendrá tres posibilidades de aprobarlo. “Nadie se va a quedar sin contrato sin tener antes las tres posibilidades”, aseguraron fuentes oficiales. En términos operativos, se tratará de una evaluación de una hora, de entre 20 y 24 preguntas con respuesta multiple choice, frente a una tablet o computadora en el INAP y con un resultado corregido por el sistema de manera automática. Habrá un sistema en el portal para sacar turnos y al aspirante se le dará un código que deberá ingresar antes de completar el examen. En la nómina solo quedará registrado si el examen fue aprobado o no.
Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.
El inicio de las pruebas de idoneidad es una de las patas de lo que Sturzenegger bautizó, con jerga presidencial, deep motosierra. Es una instancia posterior del ajuste fiscal y de la estructura de la administración del Estado que comenzó el Gobierno libertario a lo largo del año.
Hasta esta altura del año el Poder Ejecutivo despidió unos 30 mil empleados, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del Estado nacional. “Nada que pueda hacer el sector privado o corresponda a provincias o municipios lo va a seguir haciendo la Nación”, resumieron como leit motiv.
El paso siguiente, en ese contexto, será el de iniciar un proceso de revisión área por área y oficina por oficina para detectar si hay alguna porción de la dotación de personal que no tiene una tarea que en el Gobierno juzguen de utilidad. También incluirá cierres de organismos que consideren innecesarios. Como ejemplo citan a Conami (Comisión Nacional de Microcrédito), una oficina que tenía un presupuesto más alto para el pago de empleados que su cartera de préstamos.
El filo de la motosierra profunda apuntará también a organismos descentralizados –aquellos que tienen autonomía de la Casa Rosada– como ARCA, ex AFIP, o el Indec. Como argumento, aseguran que la Ley de Bases le dio sustento jurídico para entrar en ese universo y revisar las estructuras. Estiman que hay unos 100 organismos de este tipo y creen que hay funciones duplicadas que dejarán de existir, algunos serán cerrados y otros volverán a ser dependientes de la administración central.
También buscarán utilizar otra prerrogativa que le dio a Sturzenegger la ley ómnibus que es la potestad de pasar a disponibilidad empleados de planta permanente, que tienen un nivel de protección legal más alto que el resto, en casos de cierres de organismos. Para eso, se le dará una ventana de entre 6 y 12 meses, período tras el cual si no se le encontrara una tarea, el Estado nacional puede terminar el vínculo laboral tras el pago de una indemnización.
Otras ideas que componen la próxima etapa del ajuste en el sector público están menos maduras pero están sobre la mesa. Entre ellas, un sistema de “premios” para áreas del Estado que no gasten todo su presupuesto sino que consigan un ahorro fiscal de los fondos que les había sido asignado, la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo que existen en el empleo público y una reconfiguración de escalas salariales, en especial para evitar la disparidad de salarios entre la administración general del Estado y organismos con sueldos muy altos.
