La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena en la causa Vialidad que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación forma parte de una nueva estrategia judicial internacional y contará con el respaldo del jurista brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso Lava Jato.
El anuncio fue realizado a través de una columna publicada simultáneamente en distintos medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia. En el texto, la exmandataria volvió a defender su inocencia y sostuvo que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales reconocidas por el derecho internacional.
La estrategia ante la ONU
La defensa de Cristina Kirchner formalizará una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.
Según la expresidenta, la intención no es expresar una simple disconformidad con el fallo judicial, sino denunciar que durante el proceso existieron irregularidades incompatibles con el debido proceso y con las garantías previstas en los tratados internacionales de derechos humanos.
En su publicación, Kirchner afirmó que cuando la Justicia «deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido». Además, calificó su inhabilitación perpetua como una forma de «proscripción política».
Quiénes integran el nuevo equipo de defensa
Para esta etapa internacional, la exvicepresidenta incorporó al abogado brasileño Rafael Valim, reconocido especialista en Derecho Público y vinculado a la defensa jurídica de Lula da Silva. También trabajará junto al exjuez español Javier Borrego, quien integró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ambos serán los encargados de impulsar la presentación ante el organismo de Naciones Unidas y de sostener que la condena en la causa Vialidad violó derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional.
Con esta presentación, la expresidenta pretende que un organismo internacional analice si durante el proceso judicial se respetaron las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y otros principios establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La condena por la causa Vialidad quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia y estableció una pena de seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En su planteo ante la ONU, Cristina Kirchner sostiene que la sentencia responde a un proceso de persecución política y judicial que excede su situación personal y también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
